En un operativo cinematográfico que incluyó 14 allanamientos simultáneos en distintos puntos del Conurbano bonaerense, la Policía de la Provincia de Buenos Aires desbarató una organización criminal dedicada al robo, procesamiento y comercialización ilegal de metales, principalmente cobre y aluminio, sustraídos de empresas proveedoras de servicios esenciales. Se detuvo a ocho personas y lo que asombró a los investigadores fue el botín que habían acumulado los malhechores, de un valor superior a los US$ 900.000
El despliegue fue parte de una causa federal caratulada como “Averiguación de delito – FSM 60/2025”, iniciada el pasado 1° de abril y llevada adelante por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez y con intervención de la Secretaría N.º 8, conducida por Ignacio Calvi.
Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, y se realizaron en zonas neurálgicas de La Matanza (Rafael Castillo y San Carlos), Merlo, San Fernando, Vicente López y Tigre.
Entre lo secuestrado se destacan:
- 95 toneladas de cables robados a la empresa Edenor.
- Más de 4 toneladas de cobre, en cables y filamentos.
- 1.512 lingotes metálicos, de aproximadamente 15 kilos cada uno (totalizando más de 22 toneladas).
- 2.342 kilos de aluminio compactado.
- 621 kilos de monedas de curso legal.
- Más de 9,7 millones de pesos en efectivo.
- Ocho teléfonos celulares, quince cuadernos con anotaciones comerciales y varias máquinas utilizadas para procesar el material robado, entre ellas peladoras, prensadoras y una compactadora.
Se estima que el valor total de los elementos incautados ronda los 900.000 dólares.
Una red silenciosa
Según fuentes de la investigación, los delincuentes operaban mediante una cadena logística compleja y altamente organizada. El cobre y el aluminio eran extraídos de instalaciones críticas, acopiados en pequeños centros de procesamiento y, posteriormente, revendidos a fundidoras de mayor capacidad. Desde allí, ya transformados en lingotes o compactados, eran exportados a países limítrofes, aprovechando la creciente demanda internacional y la falta de trazabilidad del origen de los materiales.
El negocio no solo generaba ganancias millonarias para los implicados, sino que también afectaba directamente a miles de usuarios, con consecuencias graves: cortes prolongados de electricidad, riesgos eléctricos para el personal y la población, y millonarios costos de reparación para las operadoras.
La Justicia continúa con la investigación, que podría tener nuevas derivaciones y más detenidos en los próximos días. (DIB)
