La Ley 10740, que regula la tasa de alumbrado público en los municipios, fue implementada como una herramienta para solucionar una crisis financiera en los años pasados, cuando los municipios acumulaban deudas significativas con las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Esta legislación permitió a las distribuidoras recaudar los pagos directamente de los ciudadanos para saldar dichas deudas, transfiriendo el excedente a la empresa proveedora. Sin embargo, la medida, lejos de ser una solución equitativa, ha generado una serie de problemáticas que ahora deben ser abordadas con urgencia.
En esencia, la tasa de alumbrado público está estructurada bajo la premisa de que el costo del servicio debe ser cubierto proporcionalmente al consumo de energía. Esto, en teoría, parece justo. No obstante, la realidad muestra una serie de desajustes y desigualdades notables. La principal falla radica en que la tasa no contempla una zonificación adecuada; en lugar de cobrar en función del servicio real recibido por los vecinos, se basa únicamente en el consumo de electricidad. Así, un residente de un barrio periférico, con escasa iluminación pública, puede terminar pagando más que un vecino en una zona céntrica con una infraestructura lumínica significativamente mejor.
Además, esta tasa aplica únicamente a propiedades residenciales conectadas a la red eléctrica, excluyendo terrenos baldíos, en construcción o deshabitados, y, en general, a los comercios. Por ende, la carga recae de manera desproporcionada sobre los residentes con conexiones eléctricas activas, independientemente de la calidad del servicio de alumbrado que reciben. Ejemplos recientes han revelado casos extremos de inequidad, como el de un barrio sin gas natural, pero con un alto consumo eléctrico para calefacción, que terminó pagando cifras desproporcionadas de alumbrado.
Es crucial señalar que esta tasa también financia otros gastos municipales que no están directamente relacionados con el alumbrado público. Esto resulta en una doble imposición que afecta a los ciudadanos de manera injusta, dado que ya están contribuyendo a través de los impuestos nacionales y provinciales.
La reciente resolución del Ministro de Economía, Luis Caputo, prohíbe a los municipios incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios esenciales. Esta medida es una oportunidad para replantear la justicia de la Ley 10740 y su aplicación. Es imperativo revisar la estructura de la tasa de alumbrado público para que refleje adecuadamente el servicio recibido y no sea una carga adicional para quienes menos tienen.
En estos tiempos difíciles, con sueldos reducidos y costos de vida en aumento, es el momento adecuado para rectificar estas injusticias y aliviar la presión impositiva sobre los ciudadanos. La revisión de esta ley no solo permitirá un sistema más justo, sino que también puede contribuir a la recuperación económica de los hogares que enfrentan dificultades. La transparencia y equidad en la aplicación de las tasas deben ser prioridades para construir una sociedad más justa.
