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El reciente fallecimiento de una mujer oriunda de General Madariaga durante la tradicional fiesta conocida como “El Modelito” encendió las alarmas sobre la falta de preparación y respuesta ante emergencias en eventos multitudinarios. Si bien el hecho no ocurrió en Ayacucho, la tragedia deja al descubierto una realidad que también interpela a nuestra comunidad: ¿qué tan preparados estamos para enfrentar situaciones críticas?
La víctima fue identificada como Rosana Fernández y, según trascendidos periodísticos, habría fallecido a causa de un infarto. Aunque no se emitió un parte oficial, colegas de la zona señalaron que hubo graves fallas en la coordinación del evento. “Me dijeron que no había ambulancia; de hecho, cuando llegó, no arrancaba. No hay nada oficial, esto es lo que se comenta en off”, relató un periodista local.
Este lamentable episodio invita a reflexionar sobre la prevención y el cumplimiento de normativas esenciales en Ayacucho. En ese sentido, vale recordar que en 2022 el Concejo Deliberante local aprobó la Ordenanza N° 5725, que establece la creación del Plan Ciudad Cardioprotegida, una herramienta clave para salvar vidas en situaciones de emergencia.
¿Qué establece esta ordenanza?
El objetivo del plan es reducir muertes por causas cardiovasculares mediante la instalación de áreas cardioprotegidas en espacios públicos y privados de alta concurrencia. La ordenanza adhiere a las leyes provincial 14.794 y nacional 27.159, y dispone medidas concretas:
Dotación de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en lugares clave.
Capacitación obligatoria en RCP para todo el personal municipal.
Campañas de concientización abiertas a la comunidad.
Formación en RCP como requisito de ingreso a la administración pública.
Creación de un registro de primeros respondedores.
Asignación de presupuesto específico desde el año 2023.
Designación de una autoridad de aplicación para coordinar el plan.
¿Qué se ha cumplido?
Lamentablemente, según pudo saber este medio, el cumplimiento de la ordenanza es prácticamente nulo. A más de dos años de su aprobación, no se han instalado desfibriladores en la mayoría de los espacios municipales ni se ha capacitado al personal como estipula la norma.
Incluso empleados municipales manifestaron off the record que “nunca recibieron formación en RCP” y que “sería fundamental implementarla por el bien de todos”. En dependencias como el galpón de espectáculos de la Fiesta del Ternero, clubes sociales, canchas de fútbol y salones de baile no se cuenta con estos dispositivos ni personal capacitado, a pesar del riesgo evidente que implican estos lugares.
El artículo que exige la dotación de DEA y su disponibilidad en entidades de bien público claramente no se ha ejecutado, y tampoco hay constancia de campañas educativas ni de registros oficiales de primeros respondedores.
¿Quién controla el cumplimiento?
La misma ordenanza establece que el municipio debe designar una autoridad responsable de coordinar el plan, pero hasta el momento no se ha anunciado públicamente a ningún funcionario con esa responsabilidad. Tampoco se ha difundido información oficial sobre partidas presupuestarias asignadas ni sobre cursos realizados. Todo parece quedar en una promesa vacía, escrita pero no aplicada.
¿Hasta cuándo mirar para otro lado?
La prevención salva vidas. El caso de Rosana Fernández, aunque no haya sucedido en nuestro territorio, debe funcionar como un llamado urgente a la acción. ¿Vamos a esperar que una tragedia similar ocurra en Ayacucho para reaccionar?
El municipio tiene en sus manos herramientas legales para anticiparse a estos eventos. No se trata de crear nuevas ordenanzas sino de cumplir las que ya existen, muchas de ellas impulsadas por el propio Ejecutivo. Es momento de que el gobierno local asuma su responsabilidad y entienda que la salud pública no puede quedar sujeta a la improvisación o la desidia administrativa.
En definitiva, no basta con tener normas si no se las aplica. Y no alcanza con el lamento posterior si no hubo medidas previas. Cumplir la ordenanza N° 5725 no es solo una cuestión legal: es una obligación moral con toda la comunidad.
